Presidente Bernardo Arévalo resalta en Congreso Jurídico Social 2026 la importancia de sostener la democracia y fortalecer el Estado de derecho

PRESIDENTE BERNARDO ARÉVALO. INTERVENCIÓN EN XXVII CONGRESO JURÍDICO SOCIAL 2026

“DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO”.

COLEGIO DE ABOGADOS Y NOTARIOS DE GUATEMALA (CANG)

CIUDAD DE GUATEMALA. MARTES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

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Hago propios los vocativos del maestro de ceremonias.

Pero quiero saludar muy especialmente a la licenciada Patricia Gámez, presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y demás miembros de la Junta Directiva.

Y agradezco sobre todo la oportunidad de conversar con ustedes sobre un desafío determinante para el futuro de Guatemala, que es la profundización de nuestra democracia y la consolidación de nuestro Estado de Derecho.

Es muy pertinente que el Colegio de Abogados, al cual pertenecen también sociólogos y politólogos, lleve a cabo este año un congreso con este título.

Es un tema que nos concierne a todos, a todos los ciudadanos de este país, por supuesto.

Pero pocas organizaciones en Guatemala han vivido tan de cerca, de forma tan directa en los últimos años, la disputa de esas dos palabras, democracia y Estado de derecho, como este Colegio.

Siempre, y desde la perspectiva sociológica que voy a compartir con ustedes, me ha llamado la atención una idea del politólogo estadounidense Adam Ribowsky, que al estudiar las razones que llevaban a un país a perder su democracia, nos decía que la democracia se encuentra en riesgo cuando lo que está en juego en las elecciones es demasiado, pero también cuando lo que está en juego en las elecciones es demasiado poco.

Cuando hay demasiado en juego, o todo o nada, los actores políticos se sienten motivados a justificar la democracia con tal de preservar su poder u obtener el que no tienen.

Sin embargo, cuando el resultado de las elecciones no importa, cuando la gente siente que gobierne quien gobierne, las vidas van a seguir siendo igual, los ciudadanos no valoran la democracia y entonces la democracia queda expuesta a los ataques de sus enemigos, que suelen ser muchos y suelen ser muy fuertes.

Y empiezo con esta reflexión porque estoy convencido de que la principal tarea de nuestra generación es preservar la democracia.

Guatemala ha conocido el abismo sin fondo de la dictadura y aunque las consideraciones sobre la calidad de la democracia a las que me referiré más adelante son importantísimas, lo cierto es que, para poder debatir la calidad de una democracia, primero hay que tener un sistema democrático.

Y la alternativa a la democracia siempre es la tiranía, la violencia, el ejercicio del poder por la fuerza, por la coacción, por las armas, por la violencia.

Las y los guatemaltecos conocemos como pocos pueblos en esta tierra lo que esto significa. Y también sabemos que no queremos volver a la lógica de la coacción y de las armas.

Entonces es importante reflexionar sobre cómo llegamos hasta aquí.

Charles Tilly, a quienes algunos llaman el fundador de la sociología del siglo XXI, sostenía que la democratización en cualquier sociedad ocurre cuando se combinan tres procesos necesarios.

El primero, cuando las redes de confianza que existen a nivel de la sociedad: las familias, las comunidades, las iglesias, las organizaciones, dejan de protegerse del Estado, sentir que tienen que enfrentarse al Estado, y pasan a integrarse a la vida pública porque dejan de tener temor de este Estado.

El segundo, cuando la política se aísla de las desigualdades existentes en la sociedad. Cuando ser pobre, ser indígena o ser mujer no determina el peso de la voz que se tiene en el sistema democrático.

Y tercero, cuando los centros de poder autónomo, que son grupos de poder económico u organizaciones criminales, grupos armados que actúan fuera de la ley y lejos del alcance de la voluntad ciudadana, se reducen a lo suficiente para que, parafraseando…, la democracia importe.

Tilly nos advertía, además, que basta con que uno solo de estos procesos se revierta para que la democracia retroceda.

Y quiero detenerme en este último punto, que es posiblemente el más pertinente cuando hablamos del Estado de Derecho.

Las democracias avanzadas tienden también a tener estados fuertes.

No estamos hablando de estados grandes. Estamos hablando de estados capaces de someter a los diversos grupos de interés, muchas veces armados, muchas veces beligerantes, al imperio de la ley.

En el momento en el que garantiza que nadie es superior a la ley dentro de la sociedad.

Estos países suelen ser también países ricos y prósperos, porque al hacer eso devienen en ser países desarrollados.

En Guatemala, y en general en Centroamérica, la democratización ha venido teniendo lugar en el contexto de Estados débiles y de sociedades pobres.

Y los caminos diversos que han tomado nuestros regímenes, tienen que ver con las distintas maneras en que intentamos fortalecer nuestro Estado o en que intentamos controlar y reducir a esos grupos que buscan escapar de la legalidad.

O la manera en que intentamos resolver los persistentes problemas de la pobreza, de la desigualdad y de la marginación.

Como quedó demostrado en el año 2015, y como hemos vuelto a comprobar este año, en Guatemala, el consenso mayoritario, salvo entre un grupo muy pequeño pero muy poderoso, es que un camino necesario para el desarrollo del país es el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la justicia.

Un sistema que ha sido sometido a presiones inmensas, como la de juzgar a jefes de Estado por atrocidades masivas o las de procesar a líderes políticos por actos de corrupción, aún mientras estos mantenían poder e influencia dentro del Estado.

Sin embargo, la democracia no es solo instituciones.

Robert Putnam estudió las diferencias entre el desarrollo y la democracia en el norte y en el sur de Italia.

Para concluir que, en la base de estas diferencias, porque se experimenta la democracia distintamente en estas dos regiones, se encuentra un término que es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática: el capital social.

La existencia de redes de colaboración y confianza, que son la base de la cooperación política.

Aprendemos a organizarnos para formar una liga de fútbol, para participar en una iglesia y sus actividades o para celebrar un cuchubal.

Pero ese aprendizaje sirve después para resistir la opresión o para competir por el poder en la democracia.

Guatemala ha venido avanzando en la formación de su capital social.

Hemos observado anteriormente que la generación que lideró el movimiento social en el 2015 y la que llevó adelante la resistencia al intento de anular los resultados electorales en 2023, es una generación nacida después de nuestra primera elección democrática en 1986 y del fin de nuestra guerra civil en 1996.

La socialización en un contexto de relativa paz y de relativa democracia, arropado de formas de organización existentes, ancestrales incluso, está produciendo una sociedad muy distinta a la que conocimos en generaciones anteriores.

Durante décadas, las encuestas que comparan a los distintos países de América Latina han descrito a Guatemala como una de las sociedades menos comprometidas con la democracia en nuestro continente.

Pero esto está cambiando. El Barómetro de las Américas, esta medición comparativa a nivel hemisférico del año 2026 muestra que el apoyo a la democracia en Guatemala pasó del 48 por ciento en la medición anterior a 58 por ciento este año.

Uno de los aumentos más grandes de toda América Latina. Es más, un aumento en momentos en que en otros países de América Latina hay regresiones al apoyo a la democracia.

Y lo hemos visto en las calles, lo hemos visto en las plazas, lo hemos visto en las elecciones de los colegios profesionales, incluidas las del Colegio de Abogados, donde miles de profesionales acudieron a votar pensando en la integridad de nuestras instituciones de justicia, elecciones que durante décadas se decidían en la penumbra y que hoy se deciden a la vista de todos.

Sin embargo, debemos ser cautos.

Hace más o menos 16 años, la politóloga Leslie Anderson comparó las transiciones a la democracia ocurridas en los años 80 y 90 en Nicaragua y en Argentina, y llegó a una conclusión inesperada:

En Nicaragua la experiencia de organización popular heredada no solo de la guerra reciente, sino de casi un siglo de movilización campesina, había producido hábitos de cooperación y de confianza entre ciudadanos, capital social, lo que hablábamos, más favorables a la democracia que los que encontró en Argentina, un país más rico, más educado y con una historia institucional más larga en donde existía, sí, una sociedad civil fuerte, pero acostumbrada a relaciones malsanas, de clientelismo y patronazgo con el poder político.

Ella en ese momento describió dos caminos distintos a la democracia: uno por la vía de la sociedad civil y otro por la vía de las instituciones fuertes.

Sin embargo, hoy vemos que en Argentina la democracia sobrevive, con sus dificultades, sus crisis y sus riesgos, mientras que en Nicaragua se ha extinguido casi por completo. ¿Qué explica esta incongruencia?

La propia Anderson lo sugería: en Argentina las instituciones, los tribunales, el Congreso, las reglas constitucionales, el aparato legal contuvieron los impulsos autoritarios cuando la sociedad por sí sola no lo habría podido hacer.

En Nicaragua, un proyecto personal de poder fue capturando gradualmente a las instituciones, una por una, hasta convertir al Estado en patrimonio de una familia.

La lección es clara y es complicada. El compromiso ciudadano es indispensable, pero no es suficiente por sí solo.

Sin instituciones fuertes y funcionales, la voluntad de un pueblo puede ser derrotada por la voluntad de unos pocos.

Y vuelvo a los datos del Barómetro de las Américas. Seis de cada diez guatemaltecos consideran que quien gana las elecciones debería gobernar con pocos límites.

Es decir, mucha gente en Guatemala percibe aún hoy muy poca diferencia entre nuestra democracia y los regímenes autoritarios del pasado.

Es decir, valoramos nuestro derecho a votar, pero todavía no valoramos lo suficiente los contrapesos: la independencia judicial y los derechos de quienes no forman parte de la mayoría.

Esa es una tarea que le corresponde de forma muy especial a los miembros de este Colegio.

Y aquí se presenta el dilema central para nosotros en nuestro tiempo: necesitamos un Estado fuerte para sostener la democracia, que quiere decir un Estado capaz de hacer cumplir la ley en todo el territorio, de someter a los poderes criminales y de garantizar derechos y servicios para el conjunto de la población, de reconocer la dignidad de todos los habitantes del territorio.

Y necesitamos la democracia para que este Estado, estas instituciones, respondan a sus ciudadanos y no a cualquier grupo que intente capturarlo o cooptarlo en un momento determinado.

Un Estado fuerte sin democracia es la antesala de la tiranía. Pero una democracia sin un Estado capaz es una promesa vacía.

Concluyo, entonces, hablando de lo que a mi criterio son los tres desafíos centrales para la supervivencia y el desarrollo de nuestra democracia y el fortalecimiento de nuestro Estado de derecho.

El primer desafío es la preservación, el desarrollo, el incremento de nuestra cultura democrática.

El tiempo y la perseverancia en la paz y la democracia nos han permitido contar con una sociedad civil capaz de resistir al autoritarismo, capaz de exigir cuentas, capaz de responder y de poner el cuerpo cuando y donde se necesita.

Este colegio es expresión de ello. Debemos reconocer ese avance para alegrarnos por él y para saber también cuidarlo y hacerlo crecer.

El segundo desafío es fortalecer nuestras instituciones.

Esta es una tarea pendiente y es una tarea que no se resuelve de la noche a la mañana.

Las instituciones no son fuertes porque la ley lo decreta.

Son fuertes cuando tienen valor en sí mismas, cuando demuestran su valor a la sociedad porque son capaces de producir los resultados que la sociedad necesita y entonces devienen en instituciones legítimas.

Nuestras instituciones democráticas y nuestro sistema de justicia han sufrido golpes muy fuertes en las últimas décadas, pero las hemos defendido.

Mi tarea como presidente ha sido preservar este edificio delicado, incompleto, que ha tomado décadas construir para lograr que permanezca y se proyecte hacia el futuro.

Quisieron impedir que asumiera, pero asumí la Presidencia.

Enfrentamos durante más de dos años a un Ministerio Público convertido en instrumento de persecución y criminalización.

Nuestro gobierno sufrió un acoso constante y arbitrario por parte de este Ministerio Público, y en el camino muchas personas en la política, en la sociedad, en el gobierno, inclusive, han asumido costos muy altos.

Y, sin embargo, la decisión de este gobierno fue preservar ese muro que nos separa hoy de la arbitrariedad, del uso de la coerción como forma de gobierno, de la violencia en la escala y magnitud del pasado.

Porque si este gobierno hubiera roto las reglas del Estado de Derecho para salvar una situación, a una persona o para resolver un problema, el resultado habría sido el debilitamiento de las instituciones que tienen que sobrevivir para servir no a este gobierno, sino a todos los gobiernos, para que esos gobiernos puedan servir al pueblo de Guatemala.

Este año, por las vías que establece la Constitución, Guatemala renovó su Tribunal Supremo Electoral, su Corte de Constitucionalidad y la Jefatura del Ministerio Público.

Yo ofrecí un Ministerio Público independiente y hoy Guatemala lo tiene, con un fiscal general que está trabajando para satisfacción de quienes creemos que la justicia es fundamental principio para la construcción de un Estado de Derecho.

Pero ningún presidente, ni ningún funcionario de ningún organismo puede por sí solo darle a una institución el valor que necesita para perdurar.

Este valor se lo dan todos los días las personas que integran esas instituciones.

También quienes acuden a estas instituciones y sobre todo quienes defienden a las instituciones democráticas cuando son atacadas.

Se lo dan juntos los jueces que resuelven conforme a Derecho, los fiscales que investigan sin mirar a quién y las abogadas y abogados que litigan con apego a la ética.

Porque el Estado de Derecho, al final, más allá de una convicción, es una práctica.

Existe en la medida en que la ejerzamos en el contexto de nuestras responsabilidades y nuestras actividades profesionales y cotidianas.

El tercer desafío es construir un Estado responsivo y capaz, llevar el Estado de donde ha estado ausente desde nuestros orígenes como nación, donde nunca ha existido.

Llevar los servicios de las entidades del Estado a los territorios y a las poblaciones que nunca los han recibido.

Durante demasiado tiempo para millones de guatemaltecos la democracia ha sido una abstracción porque el Estado ha estado ausente de sus vidas.

Por eso, hemos concentrado nuestros esfuerzos en centros de salud abastecidos, en caminos que conectan a comunidades olvidadas, escuelas en mejores condiciones, viviendas con piso digno.

Porque el compromiso de las y los guatemaltecos con la democracia dependerá en buena medida de que perciban que su gobierno es honesto, es capaz y le da respuesta a sus necesidades y aspiraciones.

Estas tres condiciones: sociedad civil activa, instituciones fuertes y legítimas y Estado capaz son imprescindibles, no solo para preservar nuestra democracia, sino para avanzar hacia niveles más altos de prosperidad y desarrollo.

Guatemala solo podrá consolidarse en democracia y desarrollar su democracia, si lo hace de la mano de la justicia y no puede desarrollarse sin un Estado capaz de orientar el desarrollo hacia el bien común y la justicia social.

No hay democracia sin justicia social ni justicia social sin democracia.

En pocos meses, comenzará un nuevo proceso electoral.

Y lo que nos vamos a jugar el próximo año es, qué Estado queremos, qué servicios merecemos, qué país queremos construir, cómo atendemos las necesidades de nuestra sociedad de manera eficaz y eficiente.

Lo que no puede estar en juego es, si se respetara la voluntad popular, si las instituciones de justicia serán independientes o si la ley valdrá para todos.

Ese es el equilibrio que hace posible la democracia.

Y ese es el equilibrio que ustedes, las y los profesionales del Derecho, están llamados a custodiar.

Los gobiernos duran pocos años, los regímenes se construyen durante lustros, pero los Estados son el resultado del esfuerzo combinado de generación tras generación, que avanza hacia un destino que cuando es democrático permite un bienestar compartido.

Nuestro gobierno terminará, como debe ser, en enero del 2028.

Lo que tiene, lo que va a quedar es un pueblo que valora su democracia, que debe estar dispuesto a defender su democracia, unas instituciones que valen por sí mismas y que en la medida en que dan respuesta se legitiman ante la población.

Y un Estado que llega a todos y a todas abriendo caminos a una vida con dignidad y con bienestar compartido.

Esa tarea no es de un gobierno, es una tarea colectiva, es una tarea colegiada, es una tarea nacional.

Y en ese camino tenemos que saber avanzar para crear esa nación que los guatemaltecos nos merecemos.

 

Muchas gracias.