Discurso del Canciller Martínez Alvarado en la 81ª Asamblea General de la ONU

25 de septiembre de 2026

Esta fecha, en la cuenta del Calendario Maya, corresponde al día doce (12) Keme’, que simboliza “el renacimiento o el retorno al origen”. Este día posee una gran fuerza interior y resiliencia ante los momentos difíciles o los cierres de ciclos.

Para el mundo maya Keme’ es la única certeza en la vida: todos nacemos, y la única verdad innegable: es que algún día regresaremos al origen.

 

Nueva York, 25 de septiembre de 2026.

Señor Presidente de la Asamblea General;

Señor Secretario General de las Naciones Unidas;
Excelencias;
Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno;
Señoras y señores:

El sistema internacional que ha orientado nuestras relaciones durante las últimas décadas atraviesa una transformación profunda. Los conflictos, las tensiones geopolíticas, la reducción de los recursos para el desarrollo y la fragmentación de espacios de diálogo ponen a prueba los principios que han guiado la convivencia entre las naciones.

Al mismo tiempo, la democracia enfrenta un doble desafío. Por un lado, el resurgimiento de tendencias autoritarias que pretenden debilitar la voluntad popular, y por el otro, la expansión de redes de crimen organizado que infiltran instituciones, corrompen sistemas de justicia, capturan economías y territorios, y erosionan la confianza ciudadana.

El crimen organizado transnacional no es solamente una amenaza para la seguridad pública. Es una amenaza directa para la democracia, el Estado de derecho y la capacidad de nuestros pueblos de decidir libremente su futuro.

Las redes criminales no reconocen fronteras. Se vinculan a través del narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el contrabando, la extorsión, el lavado de activos, los delitos ambientales y otras economías ilícitas. Aprovechan las brechas institucionales, la desigualdad y la falta de oportunidades. Allí donde el Estado se debilita, estas estructuras procuran sustituirlo, intimidarlo o ponerlo al servicio de intereses particulares.

Frente a estas realidades, los principios fundamentales que deben orientar nuestra acción colectiva no han perdido vigencia. Preservar la paz, combatir el hambre y la pobreza, garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, fortalecer la justicia, proteger nuestro planeta y consolidar instituciones democráticas siguen siendo responsabilidades comunes. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible continúan siendo una hoja de ruta necesaria.

Es precisamente en momentos como este cuando el derecho internacional, el multilateralismo y la democracia demuestran su valor. El derecho nos proporciona reglas comunes. El multilateralismo permite convertir problemas compartidos en soluciones concertadas. Y la democracia garantiza que el poder emane de los ciudadanos y se ejerza para su bienestar.

Comparezco ante esta Asamblea en nombre de Guatemala, un país que conoce, por experiencia propia, el valor de esas herramientas. Nuestra historia nos ha enseñado que la democracia, la paz y el respeto al derecho no son conquistas definitivas. Se construyen de forma colectiva y cada generación debe preservarlas.

Una democracia se sostiene con elecciones libres, instituciones legítimas, separación de poderes, libertad de expresión, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Pero también exige instituciones independientes y eficaces, comprometidas con la Constitución, la ley y el mandato popular.

Las instituciones públicas no pueden servir a redes criminales, agendas particulares, lealtades personales ni intereses políticos o económicos ajenos al bien común. Deben servir a los ciudadanos, al orden constitucional y a los intereses democráticos de la sociedad. Cuando una institución se aparta de ese propósito, no solo pierde legitimidad: debilita la democracia que está llamada a proteger.

La democracia también se legitima en la vida cotidiana: cuando una familia encuentra protección frente a la pobreza; cuando un niño aprende en una escuela digna; cuando una mujer vive libre de violencia; cuando una comunidad deja de estar aislada; y cuando un joven puede imaginar su futuro sin verse obligado a abandonar su país.

Por eso en Guatemala estamos recuperando la capacidad del Estado para llegar a quienes durante demasiado tiempo permanecieron al margen de las oportunidades. La estrategia intersectorial “Mano a Mano” articula salud, educación, vivienda, nutrición y desarrollo comunitario para enfrentar la pobreza desde el territorio. Frente a pérdidas de cosechas provocadas por eventos climáticos, más de 450 mil familias han recibido asistencia alimentaria, mientras pequeños productores han accedido a semillas, herramientas, insumos y mecanismos de aseguramiento.

La educación pública ocupa un lugar central en ese esfuerzo. Más de un millón de estudiantes han participado en acciones para fortalecer la comprensión lectora. Hemos ampliado oportunidades educativas, impulsado becas, fortalecido la enseñanza en idiomas nacionales y acelerado la transformación digital del sistema escolar. En salud, hemos ampliado y remozado infraestructura, fortalecido servicios regionales y avanzado en la atención integral de enfermedades crónicas y oncológicas.

Además de reactivar proyectos viales y obra pública en comunidades históricamente desatendidas, el Plan Nacional de Conectividad Digital ya incorpora 383 entidades públicas con servicio de Internet. Asimismo, hemos fortalecido sistemas de alerta temprana ante terremotos, tsunamis, inundaciones y amenazas volcánicas.

Recuperar la presencia legítima del Estado también significa brindar seguridad con apego a la ley, fortalecer la prevención, proteger a las comunidades y perseguir las redes criminales, no solo sus expresiones visibles. Significa mejorar la investigación, la coordinación institucional y el seguimiento de los flujos financieros que sostienen las economías ilícitas.

Guatemala sostiene que la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional deben seguir siendo nuestro punto de referencia común. La soberanía y la integridad territorial de los Estados deben respetarse; las controversias deben resolverse por medios pacíficos; los derechos humanos deben protegerse; el derecho internacional humanitario debe observarse en toda circunstancia; y las obligaciones internacionales deben cumplirse.

El derecho pierde su capacidad de protegernos cuando aceptamos que se aplique de manera selectiva.

Las instituciones nacionales e internacionales pierden legitimidad cuando se apartan de su mandato para responder a presiones, cálculos o intereses particulares. Su autoridad proviene de la independencia, la imparcialidad, la transparencia y el apego a la ley.

No puede existir una regla para los poderosos y otra para los débiles. Tampoco puede haber víctimas cuyo sufrimiento nos indigne y otras cuyo sufrimiento decidamos ignorar. Para países como Guatemala, el derecho internacional no limita nuestra soberanía: constituye una de sus principales garantías.

Guatemala cree en la solución pacífica de las controversias. Deposita su confianza en el diálogo, la negociación y los mecanismos previstos por el derecho internacional, porque incluso las diferencias históricas más complejas pueden y deben resolverse por medios pacíficos.

Observamos con profunda preocupación la persistencia de conflictos armados en distintas regiones del mundo y sus consecuencias devastadoras para la población civil. Ante todos ellos, nuestra posición parte de los mismos principios: respeto a la Carta y al derecho internacional; protección de civiles; acceso humanitario seguro; y diálogo y diplomacia como caminos indispensables hacia una paz justa, sostenible y duradera.

No podemos acostumbrarnos a la guerra. No podemos aceptar que la violencia se convierta en una condición permanente de nuestro tiempo, ni que generaciones enteras crezcan pensando que la fuerza es la única manera de resolver nuestras diferencias.

Guatemala aboga por la paz. En diciembre conmemoraremos treinta años de la firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, que pusieron fin a treinta y seis años de enfrentamiento armado interno. Tras años de negociación, tomamos la decisión de sustituir la violencia de las armas por la búsqueda del diálogo. Y por ello sabemos el valor del acompañamiento internacional y del papel de las Naciones Unidas.

Nuestra experiencia nos permite compartir una convicción: negociar no es una señal de debilidad. Dialogar no significa renunciar a los principios. Buscar la paz nunca puede significar aceptar la injusticia.

También hemos contribuido a las operaciones de mantenimiento de la paz. Más de seis mil trescientos guatemaltecos y guatemaltecas han servido bajo la bandera de las Naciones Unidas en operaciones de mantenimiento de la paz en diferentes regiones del mundo. Un país que conoce el costo de la guerra debe asumir también la responsabilidad de ayudar a otros a preservar la paz.

Señor Presidente,

Debemos fortalecer el intercambio oportuno de información, la coordinación operativa y judicial, la seguridad fronteriza con respeto a los derechos humanos, la protección de puertos y rutas, la investigación patrimonial y financiera, y la recuperación de activos de origen ilícito.

Además, debemos trabajar conjuntamente en la prevención. La seguridad duradera no se alcanza únicamente mediante la acción policial. Requiere educación, empleo digno, comunidades resilientes, instituciones cercanas y oportunidades para las juventudes. Requiere reducir los espacios sociales, territoriales y económicos que las estructuras criminales utilizan para reclutar, controlar y sustituir al Estado.

Nuestra cooperación regional debe basarse en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la soberanía. No debe servir a agendas particulares ni convertirse en instrumento de intereses ajenos a nuestros pueblos.

El cambio climático, las pandemias, el crimen organizado transnacional, la inseguridad alimentaria, la movilidad humana y la transformación tecnológica exigen cooperación. Guatemala, uno de los países particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático, sabe que la adaptación, la gestión del riesgo y la protección de los medios de vida rurales requieren esfuerzos nacionales, pero también financiamiento y una cooperación a la altura de las necesidades y que produzca capacidades y resultados.

Defender el multilateralismo no significa defender el statu quo. Las Naciones Unidas deben ser más eficaces, representativas, transparentes y cercanas a las personas. Deben utilizar mejor sus recursos, reducir duplicaciones y responder con mayor agilidad, sin debilitar aquello para lo que fueron creadas.

La eficiencia debe fortalecer, y no erosionar, sus tres pilares: paz y seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. La eficacia no puede medirse únicamente en términos administrativos, sino por la capacidad de prevenir una guerra, proteger a una población amenazada, combatir el hambre, enfrentar redes criminales transnacionales o acompañar a un Estado en el fortalecimiento de sus instituciones.

No necesitamos unas Naciones Unidas más pequeñas en propósito. Necesitamos unas Naciones Unidas más fuertes en resultados y más firmes en la defensa de los principios democráticos.

Esa transformación debe alcanzar también al Consejo de Seguridad. Su composición debe reflejar mejor las realidades del siglo XXI y corregir la subrepresentación histórica de regiones enteras. Cuando el veto conduce a la parálisis frente a graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales, la confianza en todo el sistema se resiente.

Nos encontramos, además, ante una decisión importante para el futuro de la Organización: la selección de quien ejercerá la próxima Secretaría General. Guatemala espera que el proceso sea transparente, inclusivo y orientado a identificar un liderazgo independiente, capaz de tender puentes, defender los principios de la Carta y conducir la reforma que nuestra Organización necesita. La región de América Latina y el Caribe está dispuesta y preparada para asumir su responsabilidad con la comunidad internacional. Es el momento de que una mujer latinoamericana asuma el cargo de Secretaria General de las Naciones Unidas.

Excelencias,

La República de Guatemala reafirma su compromiso con la solución pacífica de controversias y la observancia del Derecho Internacional. Nos congratulamos de que la Corte Internacional de Justicia ha señalado las fechas en las que celebrará las audiencias orales sobre el Diferendo Territorial, Insular y Marítimo con Belice. Esto es más que un simple hito procesal para mi país. Con la notificación de las audiencias, comienza la última etapa procesal antes de la emisión del fallo de la Corte. Representa la culminación de una controversia jurídica que ha acompañado al pueblo de Guatemala, y a sus sucesivos gobiernos, desde el momento de la independencia, y cuya conclusión aguardamos con ansias. Reconocemos que el fallo de la Corte, una vez sea emitido, pondrá fin al diferendo, y confiamos en que brindará certeza jurídica a ambas partes y sentará las bases para un nuevo capítulo en las relaciones entre Guatemala y Belice.

Para concluir, deseo expresar que Guatemala seguirá haciendo su parte: fortaleciendo instituciones democráticas capaces de responder a nuestra población; enfrentando con determinación al crimen organizado transnacional y a quienes pretenden capturar las instituciones; defendiendo el derecho internacional de manera consistente; promoviendo respuestas regionales basadas en la corresponsabilidad; y apostando por unas Naciones Unidas capaces de transformarse para cumplir la promesa contenida en las primeras palabras de nuestra Carta: “Nosotros los pueblos”.

Recuperar la confianza dependerá de nuestra capacidad de demostrar que, incluso en tiempos de incertidumbre y división, todavía somos capaces de construir juntos soluciones que ninguno de nosotros podría alcanzar por separado.

Muchas gracias.

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